La mina, que comenzó a procesar mineral de cobre en 1951, ha sido objeto de varias investigaciones relacionadas con la contaminación ambiental. Ahora, dos organizaciones sin fines de lucro lideradas por indígenas, junto con Great Basin Resource Watch, están pidiendo a un juez federal que bloquee la venta. Si se concede una orden judicial preliminar, la venta quedará suspendida temporalmente.
Vernon Rogers, de Taboosi Dikudu Tribe (Yerington Paiute Tribe), dijo que vive muy cerca de la mina. Rogers señaló que existe una creciente preocupación por la salud de la comunidad tribal de los alrededores debido a años de exposición a residuos químicos.
“Cuando sopla el viento, el polvo de los relaves vuela directamente sobre el pueblo y todo queda cubierto de blanco. La gente lo respira”, dijo.
Los relaves son los residuos que quedan después del proceso minero y, si no se contienen adecuadamente, pueden contaminar las aguas subterráneas y causar contaminación del aire debido al polvo tóxico.
Rogers dijo que la preocupación por la contaminación de la tierra y sus consecuencias para la salud de la comunidad están estrechamente relacionadas, ya que la mina Anaconda se encuentra muy cerca del río Walker.
Joanna Emm, de Taboosi Dikudu No'Obatu Numma Cooperative, dijo que su vivienda, al igual que muchas otras en la reserva, tiene residuos de relaves.
“Yo soy prueba de ello, y mi hijo tiene cáncer en etapa cuatro en este momento. Fue diagnosticado en octubre y recibe tratamiento de radiación todos los días”, dijo Emm.
Emm trabajó durante 20 años como coordinadora de calidad del agua limpia en Yerington y dijo que el futuro de la mina aumentaría las preocupaciones sobre la calidad del agua.
“Se supone que las aguas subterráneas no deben tocarse en absoluto. Eso es lo que me enseñaron durante mi crianza porque son sagradas. El agua es vida, y nunca se debía perforar hasta llegar a las aguas subterráneas ni extraerlas con ningún propósito”, dijo.
Los abogados de la Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en inglés) y de Atlantic Richfield Company dijeron que por el momento no podían hacer comentarios sobre el proceso judicial.
Se espera una decisión sobre la orden judicial preliminar en los próximos días, aunque el caso podría prolongarse mucho más.
“Tenemos una batalla cuesta arriba, pero seguimos aquí”, dijo Rogers.
Rogers dijo que buscan proteger el aire y el agua y garantizar que permanezcan limpios para las próximas siete generaciones.
