A partir de octubre, los propietarios deberán informar con claridad el monto total que una persona está obligada a pagar cada mes, incluyendo los servicios públicos que corran por cuenta del arrendatario. Quienes respaldan la medida afirman que se trata de una cuestión de equidad, ya que algunas empresas publicitan precios bajos sin mencionar las tarifas no opcionales.
John Brogden, abogado principal del Centro de Derechos de los Inquilinos de Servicios Legales de Nevada, señaló que ciertas tarifas aparecen ocultas en las cláusulas del contrato de arrendamiento, lo que puede provocar retrasos en los pagos.
“La más absurda que he visto se llama tarifa HVAC. En teoría, es un cobro por enviarle filtros al inquilino por correo, o también hay tarifas por limpieza de la piscina”, explicó Brogden. “La más común, aunque varía en qué tan escondida está, es la llamada tarifa CAM, que corresponde al mantenimiento de áreas comunes”.
La ley también exige que los arrendadores ofrezcan un mecanismo gratuito para realizar los pagos de renta. Por ejemplo, si el portal de pago cobra una comisión por servicio, deberá existir una alternativa sin costo.
Además, los propietarios estarán obligados a reembolsar la tarifa de solicitud si no se concreta el arrendamiento con el solicitante. No estarán obligados a devolver el monto pagado por verificaciones de antecedentes o historial crediticio, y ya no podrán realizar ese tipo de revisiones a menores de edad.
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