Un juez de distrito concedió la orden judicial preliminar en un caso que busca impedir la transferencia de los terrenos.
La decisión se produce después de que la Oficina de Administración de Tierras propusiera vender los terrenos de la antigua mina de cobre Anaconda a Atlantic Richfield Company por un precio de cero dólares.
A principios de esta semana, una coalición de grupos tribales y ambientalistas que se oponen a la venta argumentó ante el tribunal que la operación permitiría reanudar la actividad minera sin participación del público.
Abogados de la empresa y de la Oficina de Administración de Tierras sostienen que la transferencia ayudaría a acelerar la limpieza del lugar.
Comunidades cercanas dijeron que ya registran altas tasas de cáncer debido a la contaminación de la mina, que actualmente está cerrada. Integrantes de organizaciones indígenas sin fines de lucro también señalaron que la venta de los terrenos restringiría aún más el acceso a sitios de importancia religiosa e histórica.
El tribunal determinó que la privatización de estos terrenos públicos causaría un daño irreparable a las comunidades que continúan utilizándolos con fines recreativos, religiosos y de otro tipo.
El fallo es apenas el primer paso de lo que probablemente será una larga batalla legal sobre el futuro del lugar y quién tendrá voz en las decisiones sobre lo que ocurra allí.
