Los trabajadores independientes, cuidadores familiares y personas con dificultades para trabajar, pero que no son consideradas discapacitadas, son quienes enfrentan el mayor riesgo. Tendrán que cumplir con nuevos requisitos laborales y someterse a reevaluaciones cada seis meses, o demostrar que siguen exentos. Los cambios entrarán en vigor en enero.
Katherine Hempstead, alta funcionaria de políticas públicas de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que la implementación variará dependiendo de cuánto pueda automatizar cada estado los datos utilizados para determinar la elegibilidad.
“Cruzar los datos de las personas inscritas en SNAP con los de Medicaid permite verificar si alguien está exento de los requisitos laborales de SNAP. También implica acceder a datos salariales y poder determinar quién es padre o madre y qué tratamientos médicos ha recibido una persona”, dijo Hempstead.
El estudio describe los posibles efectos bajo escenarios de mitigación altos y bajos. En el mejor de los casos, 71.000 habitantes de Nevada correrían el riesgo de perder Medicaid. Si el estado no toma medidas, hasta 145.000 personas podrían verse afectadas.
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