Varias políticas establecidas el año pasado por la administración del presidente Donald Trump exigían que todos los inmigrantes que ingresaran a Estados Unidos sin inspección fueran detenidos, sin la posibilidad de ser liberados mientras sus casos avanzaban. Ese proceso puede tardar meses o incluso años.
Esas políticas violaban el debido proceso, afirmó Sadmira Ramic, abogada principal de la ACLU de Nevada.
“Estamos hablando de personas que han vivido aquí durante décadas y que no tienen antecedentes penales significativos, obligadas a pasar tiempo en prisión mientras su caso civil, su caso migratorio, avanza”, dijo Ramic. “Eso puede quebrar a las personas. Puede obligarlas a simplemente querer rendirse y decir: ‘Quiero ser deportado’”.
El fallo emitido la semana pasada permite que inmigrantes detenidos en Nevada soliciten una audiencia de fianza y regresen a sus hogares mientras se resuelven sus casos. Ramic dijo que eso ya ha dado resultados positivos para las dos personas que representa la ACLU: un beneficiario de DACA y un inmigrante que fue víctima de un delito.
Los próximos pasos incluyen notificar a los inmigrantes elegibles sobre su derecho a una audiencia de fianza y garantizar que el fallo se implemente en todo el estado.
Varios otros estados tienen litigios similares en curso.
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