Escuelas, iglesias y hospitales solían considerarse “lugares sensibles”, es decir, espacios donde se limitaban los arrestos, registros o vigilancia por parte de las autoridades de inmigración para no interrumpir servicios esenciales ni generar temor en las comunidades.
No obstante, el gobierno del presidente Donald Trump eliminó esas restricciones como parte de su estrategia de deportaciones.
Ahora, en Nevada, legisladores trabajan para proteger a los estudiantes de la comunidad indocumentada y evitar que se sume otro factor al creciente ausentismo escolar.
La asambleísta Cecelia González presentó el proyecto de ley AB217 con la finalidad de mantener las escuelas libres de los excesos en la aplicación de la ley de inmigración.
“[Este proyecto] responde a las preocupaciones y temores que existen en la comunidad acerca de lo que sucede a nivel nacional con la inmigración”, explicó González, quien calificó los esfuerzos de deportación de la Casa Blanca como “inapropiados y poco profesionales”.
El proyecto de ley AB217 exigiría que ICE y otras autoridades migratorias obtengan una orden judicial antes de ingresar a una escuela, además de evitar tácticas como presentarse como agentes policiales locales o exhibir documentación no relacionada de ICE para acceder a las instalaciones.
La iniciativa no introduce nuevos requisitos legales, sino que codifica las políticas existentes en distritos como el condado de Washoe, garantizando que estas protecciones no puedan modificarse a discreción de los futuros dirigentes del distrito o de las políticas federales.
Beth Smith, presidenta de la Junta Escolar del Condado de Washoe, señaló que respalda el proyecto tanto a título personal como en su calidad de miembro de la junta.
“[González] está creando un espacio en la ley estatal que refuerza el proceso que ya deberíamos seguir: permitir el acceso de cualquier autoridad, pero con la orden judicial correspondiente”, dijo Smith.
Asimismo, Smith añadió que las escuelas del condado ya cumplen con la política del distrito y no hacen distinción entre diferentes agencias de orden público, tratando a ICE de la misma forma que a la policía local o a la oficina del alguacil.
Por su parte, Rechelle Murillo, directora de intervención del Distrito Escolar del Condado de Washoe, reconoció que hay un aumento del temor entre las familias latinas, aunque aclaró que no hay datos oficiales que vinculen el ausentismo con la preocupación por ICE. Las referencias sobre miedo provienen de los centros de recursos familiares, donde los padres han manifestado sus inquietudes.
Murillo, encargada de la asistencia estudiantil y las intervenciones, advirtió que esta situación podría afectar la asistencia de los alumnos y, con ello, su desempeño académico, desarrollo socioemocional y tasas de graduación.
González recalcó que el proyecto de ley tiene un fin primordial.
“En última instancia, esto consiste en proteger a los niños, en garantizar que puedan asistir a la escuela sin preocuparse por lo que suceda cuando salgan de ella”, subrayó.
La asambleísta continúa puliendo el proyecto de ley AB217 que se someterá a audiencia legislativa esta semana.
