Inmigrantes en Elko, afectados por empleada postal acusada de desechar documentos migratorios

Aug 22, 2020

Read in English.

Eloisa Mendoza, quien dirige Elko Hispanic Services, está acostumbrada a días lentos y constantes en su oficina, donde ayuda con trámites de inmigración y traducciones a miembros de la comunidad inmigrante latina.

Eso cambió repentinamente en el 2018, cuando varios de sus clientes se empezaron a presentar en su oficina, preocupados porque no estaban recibiendo por correo sus tarjetas de residencia permanente, visas y permisos de trabajo.

“Fue una pesadilla, en verdad lo fue”, dijo Mendoza.

También parece haber sido algo intencional. 

Cuando empezaron a averiguar, los miembros de la comunidad y Mendoza identificaron un factor común mediante el número de rastreo de los envíos: los documentos federales llegaron a la oficina de correos de Salt Lake City, Utah, pero nunca fueron entregados a la oficina postal de Elko.

El lapso creó confusión y pánico e incluso a algunas personas les costó su empleo y hasta $1,000 dólares en tarifas adicionales de solicitudes.

Citando la falta de asesoría o guía de la oficina de correos de Elko y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Mendoza se comunicó con la oficina de la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto para exponer la situación; con algunas denuncias que datan de septiembre del 2017.

Una carta con fecha de junio de 2020 de la Oficina del Inspector General dirigida a la oficina de la Senadora, explica que ya se había iniciado una investigación y se determinó que una empleada de la oficina postal en Salt Lake City desechó intencionalmente los documentos federales de inmigración que se habían extraviado.

La empleada acusada, Diana K. Molyneux, fue expulsada inmediatamente del trabajo y el caso fue retomado por la oficina del fiscal federal del Distrito de Utah.

La empleada fue acusada formalmente de dos cargos de retraso o destrucción del correo, y un juicio de caso penal está pendiente después de que este 6 de abril se canceló una audiencia debido a la pandemia del COVID-19. Por ahora no se ha anunciado una nueva fecha.

“Me complace ver que el inspector general estuvo al tanto”, dijo Cortez Masto en una entrevista con The Nevada Independent. "Hicieron una investigación exhaustiva".

La pena por el delito que viola el Título 18 Sección 1703 del Código de los Estados Unidos, incluye una multa o encarcelamiento que no exceda los cinco años, o ambas sanciones.

La abogada principal de Molyneux, Wendy Lewis, dijo en un correo electrónico a The Nevada Independent que su cliente se ha declarado no culpable de los cargos, pero no respondió a una solicitud de comentarios acerca del motivo de las supuestas acciones de su cliente.

Mendoza dijo que se sintió aliviada al ver que el caso se resolvió, pero no sin antes haberle causado estrés a miembros de la comunidad y a ella.

“Fue desgarrador”, dijo Mendoza. “Ver su estrés me estresó y hubiera querido tener una varita mágica y haber podido arreglarlo, pero no fue así. Mi prioridad fue ayudar a estas personas ... a calmarlas, y entonces, para calmarlas, tuve que calmarme yo y decir: 'OK, sabes qué, aquí hay una solución, lo podemos hacer”.

Lea la historia completa en Nevada Independent en Español.