La Coalición de Inmigrantes de Nevada está abogando por tres cambios significativos. Primero, legislación que prohíba a los agentes de la policía local y a los miembros de la Guardia Nacional de Nevada usar máscaras cuando interactúan con el público.
La coalición también quiere impedir que funcionarios de inmigración ingresen a ciertas áreas sin una orden judicial, incluyendo guarderías, escuelas, hospitales y lugares de culto. El gobernador vetó un proyecto de ley a principios de este año que buscaba proteger únicamente a las escuelas públicas.
Además, la coalición pide que se restrinja al estado la recopilación y el intercambio de datos con el único fin de hacer cumplir las leyes de inmigración. La demanda de la ACLU de Nevada contra el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), por supuestamente no entregar completamente los documentos relacionados con su cooperación con ICE, aún está pendiente.
El coordinador de la coalición, Noé Orosco, dijo que estas acciones no pueden esperar hasta la sesión regular de 2027.
“El gobernador lo mencionó un poco, aunque no de forma explícita, en su proclamación. Siempre que se convoca una sesión especial, es porque se trata de una emergencia. Y nosotros, la Coalición de Inmigrantes de Nevada, creemos firmemente que el hecho de que nuestros miembros de la comunidad están siendo secuestrados en las calles es una crisis y algo que debe abordarse con urgencia”, señaló Orosco.
Una fuente allegada con el tema dijo a KUNR que el presidente saliente de la Asamblea, el demócrata Steve Yeager, ya rechazó abordar estos asuntos durante la sesión especial. Su portavoz, la directora ejecutiva del caucus, Liz Luna, no respondió a múltiples mensajes de texto para comentarios y se alejó de los periodistas en Carson City después de explicar que no cuentan con suficiente personal para permitir testimonios virtuales sobre los proyectos de ley de la Asamblea.
“Les dije que solo iba a darles dos comentarios”, dijo Luna a KUNR.
Actualmente existe una resolución, que no requiere la firma del gobernador para su aprobación, que ordena a la legislatura realizar un simple estudio sobre las actividades de control de la inmigración. Orosco dijo que eso no es suficiente.
“Hay muchos estudiantes que tienen miedo de que, si van a la escuela, ellos mismos sean detenidos por su estatus, o que uno de sus padres o tutores sea detenido cuando los llevan a la escuela. También existe el temor de que, al volver a casa, se encuentren con que está vacía porque sus padres o tutores han sido detenidos”, explicó Orosco. “Por lo tanto, decir que quieren hacer un estudio para evaluar los impactos de la inmigración en Nevada no es satisfactorio para la coalición”.
La ACLU de Nevada también envió una carta a la legislatura, compartida con KUNR, instando a que se añada una enmienda al proyecto de ley contra el crimen del gobernador para investigar a las personas que actúan como agentes del orden público y detienen, retiran o restringen a otras personas, y que no pueden ser identificadas debido a una máscara o a la falta de identificación visible. La propuesta no fue incluida en la legislación.
